El alcalde de Lugo, imputado por presunta prevaricación en relación con el PGOM
La Asociación por la Legalidad del PGOM advierte ilegalidad en su actuación
Creen que se primó a tres funcionarios por la redacción del documento
El Gobieno local sostiene que 'no se cometió ningún delito' y está 'tranquilo'
Silvia Pena Lugo
La juez Pilar de Lara Cifuentes, titular del Juzgado número uno de Lugo, ha llamado a declarar al alcalde de Lugo, José López Orozco, en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación. La denuncia que motiva la imputación del alcalde fue interpuesta por la Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo al entender que pudo haber cometido un delitootorgando pluses de productividad a funcionarios implicados en la elaboración del Plan de Ordenación Urbana (PGOM) de la ciudad de Lugo.
La juez, que también instruye la 'operación Carioca', tomará declaración al regidor municipal el próximo 20 de septiembre. Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, en el texto de la denuncia se advierte que tres personas, funcionarios del Ayuntamiento de Lugo, cobraron una productividad "como nunca se dio". Los pluses a los que se refiere la denuncia se centran en el jefe de Urbanismo, el jefe de Arquitectura y el anterior secretario municipal.
Este último, actualmente jubilado, fue el más beneficiado del reparto de primas por parte del Ayuntamiento. El complemento de productividad que recibió en el mes de diciembre de 2010 ascendió a 9.471,15 euros, la cantidad más elevada del listado. Los denunciantes estiman que los tres funcionarios percibieron unas primas "entre 10 y 19 veces" superiores que la media que cobraron el resto de funcionarios del Ayuntamiento.
Por su parte, el jefe de Urbanismo percibió 4.971 euros, mientras que el jefe de arquitectura del Ayuntamiento recibió 3.971,15 euros.
Desde la asociación consideran que estas cantidades pudieron ser abonadas para tratar de justificar un plan que no consideran legal y en contra del que se han venido manifestando en los últimos años. En la actualidad el documento está aprobado en un 95% por la Xunta de Galicia, a la espera de que el Gobierno local aporte documentación complementaria que afecta a un 5% que sigue pendiente de la validación definitiva por parte de la administración autonómica.
El Ayuntamiento defiende su actuación
Tras conocer la imputación del alcalde, el Gobierno local, a través de la alcaldesa en funciones Sonia Méndez, manifestó su "tranquilidad" y la confianza en el trabajo judicial. "Estamos encantados de que el Juzgado nos dé la oportunidad de llevar a cabo las aclaraciones que se necesiten a fin de poner las cosas en su sitio", expuso. La edil de Economía aseguró que "el reparto de la productividad se realizó con absoluta transparencia, como siempre se hace" al tiempo que sostuvo que "no se cometió ningún delito".
A pesar de estas declaraciones, el reparto de productividad causó un gran revuelo interno en el ayuntamiento en el momento de su publicación. Así, la Junta de Personal mostró su rechazo al reparto dirigido por el alcalde.
Conflicto permanente
La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo tiene abierta una guerra judicial contra el Ayuntamiento en relación con el Plan de Ordenación Urbanística que le ha llevado a interponer varias denuncias más, algunas de ellas archivadas por la Justicia.
El pasado mes de febrero el alcalde tuvo que acudir al Juzgado por la admisión a trámite de una querella de los integrantes de Alpul, después de que hubiera proferido frases como que los representantes de la asociación "escupen hacia arriba" o que "tratan de esconder sus vergüenzas" al cuestionar con declaraciones e iniciativas judiciales el PGOM de Lugo, pendiente de aprobación definitiva por parte de la Xunta de Galicia.
Alpul presentó otras dos querellas penales por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y supuesta por aceptación de soborno y tráfico de influencias, por la que fue llamada a declarar como imputada la ex delegada de Urbanismo y actual jefa de gabinete del alcalde, María Novo.
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