Silencio, se
defrauda: 16.000 millones de euros anuales
El fraude
empresarial catalán multiplica por seis los recortes del gobierno neoconvergente
· Los nombres de los 1.600 grandes evasores, blindados y protegidos por el
propio Estado defraudado · La saga Carulla; el padre de Artur Mas; Carceller, de
DAMM S.A.; el futbolista Luis Enrique; el empresario químico Bas Puig; el
directivo de RBA Ricardo Rodrigo; el arquitecto Alfredo Arribas; Alejandro Sanz
o Emilio Botín, entre los defraudadores
Los datos están
ahí. El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de
capitales e ingeniería contable, sextuplica los peores recortes antisociales
aprobados por el Parlamento de Cataluña desde el final de la dictadura. Fuentes
sindicales elevan a 16.000 millones de euros el fraude fiscal catalán anual,
frente a los 2.700 millones de euros de la tissorada1 del primer
presupuesto de Artur Mas. La cifra, en plena obsesión electoral por el 'pacto
fiscal', se acerca al volumen del expolio fiscal del Estado que acumularía la
Hacienda pública catalana, estimado en cerca de 20.000 millones de euros según
diversos estudios soberanistas. Doble moral convergente: exigen nueva fiscalidad
de puertas afuera y encubren el fraude fiscal en su propia
casa.
La comparación
merece un resultado similar en el caso del Estado español. El sindicato de
técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha (http://www.gestha.es), cifra la economía sumergida en 240.000
millones de euros, no menos de cinco veces los recortes aprobados por Rodríguez
Zapatero – 50.000 millones– para el período 2010-2013. Esta realidad supone un
fraude fiscal mínimo anual por el que se dejan de ingresar exactamente 25.000
millones de euros al año. Según Gestha, sólo durante 2010 las grandes fortunas y
grandes empresas españolas evadieron un mínimo de 42.771 millones de euros, la
pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 millones, mientras que el
fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. La otra gran
bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social, vinculado a la
economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de
euros.
El fraude no es
nuevo sino que se ha cronificado, y Gestha denuncia "que se está perdiendo la
batalla contra el fraude fiscal al adoptarse una estrategia claramente
equivocada", con una legislación laxa y una política gubernamental que hace años
que pone bajo la lupa "las rentas del trabajo, los autónomos y las microempresas
en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude" alentadas por las grandes
fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo
del que hay síntomas relevantes. Según datos oficiales, en España hay 3.299
personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Pero
sólo 729 de ellas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
De empresarios
a deportistas
Entre los casos
de fraude fiscal más recientes, se podría citar el del piloto motociclista Sete
Gibernau –2,8 millones evadidos a Suiza–, el del directivo de RBA Ricardo
Rodrigo –2,3 millones, enviados también al país helvético– o el de la saga de
los Carulla. Dicha familia, propietaria de Agroalimen, primera industria
alimentaria catalana, está siendo investigada por evasión continua, a través de
sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude podría
alcanzar los 180 millones de euros, que habrían sido enviados a las Antillas
Holandesas para constituir dos sociedades que fueron a su vez readquiridas por
dos sociedades mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y vinculadas a los
seis hermanos Carulla.
No son los
únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutido de Cervezas Damm SA, también
está imputado por fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años, por un
monto que ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría
empadronado falsamente en Portugal para beneficiarse de una política fiscal que
grava menos a las grandes fortunas, pero la legislación española obliga a
demostrar que se reside allí al menos 183 días al año para elegir con arreglo a
qué régimen se declara.
Los paraísos
fiscales –más de 100 en todo el mundo– son pieza clave en la evasión fiscal y,
en el caso catalán, Andorra juega un papel primordial al seguir manteniendo el
secreto bancario. El principat
tiene depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles.
El año pasado, los depósitos andorranos experimentaron un crecimiento del 3.000%
y la Guardia Civil decomisó hasta 2,5 millones de euros cuando salían del país.
El recurso al
paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de nacionalidades
repentinas. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente
andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de la
Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente
suizos. De nacionalidad monegasca es Àlex Crivillé, y siendo jugador del FC
Barcelona, Luis Enrique se nacionalizó
fiscalmente suizo, y fue luego expedientado en 2003 por no haber declarado
600.000 euros. El dinero correspondía a pagos
realizados por Nike Europe en la sociedad Fullforce Sport Limited, controlada
por el jugador y con sede en las Antillas Holandesas, y había evadido 270.000
euros en impuestos.
Anecdótica
mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María
Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaría su
situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero
Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de euros hasta
2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota se describe
en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia
Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. En el libro se
describe también como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presionó a
Enrique Giménez Reyna –entonces secretario de Estado de Hacienda del PP y
posteriormente imputado como cerebro de la trama Gescartera– para que pusiera
fin, bajo amenaza de detener la Liga profesional, a las investigaciones sobre
futbolistas de élite. El último episodio de esta serie se escribió en el Mundial
de Sudáfrica, cuando los jugadores de la selección española recibieron una prima
personal de 600.000 euros que decidieron declarar en Sudáfrica. Allí tributaban
un 23% mientras en el Estado era un 43%, lo que supuso para cada jugador un
ahorro de 132.000 euros.
De
Liechtenstein a Suiza, del HSBC a LGT: 1.600 defraudadores
descubiertos
Fraudes masivos
que desaparecen rápidamente de los titulares, estafas que nunca se sabe cómo
acaban y que acaban a menudo en impunidad y corrupción, y sobre las que se
fuerza un rápido olvido. Doble moral, doble economía y doble fiscalidad y una
única impunidad para las élites multirreincidentes. Liechtenstein y Suiza, en
2009 y 2010, fueron los dos únicos claros paradigmáticos del cuarto oscuro del
fraude fiscal. Dos filtraciones –no una investigación oficial– pusieron al
descubierto a 1.600 defraudadores. Delincuencia de altos vuelos fiscales y
cuello blanco. Desde entonces, se ha blindado siempre su identidad y se les ha
ofrecido discrecionalmente la posibilidad de solucionarlo amistosamente con una
'segunda oportunidad' (mediante declaraciones complementarias exentas de sanción
penal o administrativa). Y todavía hoy no está resuelto el enigma de cómo ha
acabado todo. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales millonarios y que,
según los inspectores de Hacienda reunidos en Gestha, han tenido un escandaloso
"tratamiento privilegiado y condescendiente". Más escandaloso aún, señalan, en un momento
de crisis, recortes y nuevas cargas impositivas a través del aumento del IVA y
el IRPF, es decir de recarga fiscal sobre las rentas del trabajo y el
consumo.
En el caso
suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas
propiedad de ciudadanos del Estado español, de depósitos en el HSBC por un valor
de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente a 1.500 personas.
Hacienda, sin embargo, se centró sólo en 659 casos. A la primera carta que envió
–una invitación a regularizar la situación sin costes penales– no respondió ni
uno sólo de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador,
empezaron a llegar las respuestas. Hasta hoy, se han recuperado 220 millones de
euros defraudados. A pesar del férreo silencio, fuentes cercanas a la
investigación han aclarado que en el listado "están todas las grandes fortunas
que se puedan imaginar". Hay numerosos políticos, empresarios y financieros
implicados, entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco
Santander. Y hasta han flotado detalles de cómo se llegó a extender el pánico en
el seno del establishment: un
empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a
Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado
español.
Sólo un año
antes, se habían descubierto 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en el
Liechtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la
situación a 67 de ellos, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los
atrapados destacaban siete ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en
el paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector
químico (fraude de 4,2 millones); Luis Garí Sentmenat, administrador de una
empresa náutica en Barcelona (fraude de 7,98 millones); el arquitecto barcelonés
Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, de la alta
sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la
decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones) o el auditor vinculado al
sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442 euros). El séptimo de
los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet, padre del actual
presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la
cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de
Economía y Finanzas de la Generalitat. En la misma operación también resultarían
expedientados el cantautor Alejandro Sanz, paladín de la lucha contra la
piratería informática, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la
todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo de Segundamano y fundador del
Instituto de Empresa).
El despeñadero
de la impunidad efectiva
Ambos casos
certifican, sin embargo, que en la lucha contra el fraude fiscal masivo y
continuo no hay instrumentos adecuados para erradicarlo. Los dos asuntos
demuestran claramente la debilidad y la falta de medios: el descubrimiento no
fue fruto de investigaciones propias sino de filtraciones, compraventas de
disquetes y casualidades. En el caso de las cuentas del LGT de Liechtenstein, el
origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de
5.000 millones de euros) realizada por un ex trabajador de la entidad, Heinrich
Kieber, a los servicios secretos alemanes. Entre ellos, figuraban los 67
ciudadanos del Estado español expedientados. Alemania facilitó sus datos. El
caso suizo de HSBC es idéntico: en aquel caso se trató de un ex trabajador que
vendió los datos al Estado francés, que los transmitió a la Hacienda
española.
Una dinámica
similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los Países
Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad fullera
estaba en un disco duro extraíble; en el caso del saqueo de Millet al Palau de
la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y por último, no hay que
menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan después por
largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por bufetes de abogados de
lujo. La última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y
suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama que
sobornaba a inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio tardó 12
años en celebrarse y este verano se ha hecho pública la sentencia. Doce
procesados han sido condenados a elevadas
penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos Josep Lluís Núñez, el abogado
Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de
Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet. Sin embargo, todos los condenados están
en la calle.
Es el punto
sobre la i. De la i de impunidad teorizó Hannah Arendt en 'Los orígenes del
totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, castigo y
represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de
las élites. protegidas siempre por un circuito de poder que conduce
indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que
vinculan poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y
mientras la crisis se ceba con la multitud de abajo, los pocos de arriba siguen
acumulando riqueza y evadiéndola. Delinquiendo por los ángulos ciegos del
capitalismo opaco. anónimo
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